El Ejecutivo provincial argumenta falta de fondos para concretar la expropiación. Vecinos de la barriada de zona sur insisten en la regularización de sus terrenos.
El gobierno provincial, mediante el Decreto N° 388, vetó la ley que ordenaba la expropiación de los terrenos del barrio Ampliación Santa Ana II, dejando en una situación de incertidumbre a numerosos vecinos que llevan años batallando por la regularización de sus propiedades.
La decisión del Ejecutivo se fundamenta en un informe del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, que alega la falta de recursos para afrontar el costo de las expropiaciones. Esta medida echó por tierra la ley sancionada por la Legislatura de Salta, que buscaba poner fin a un conflicto que se arrastra desde hace más de seis años y que ha mantenido a los residentes bajo la constante amenaza de perder sus hogares.
El origen de esta compleja situación se remonta a la quiebra de la empresa constructora que vendió inicialmente los terrenos a los vecinos. Posteriormente, en medio de un proceso plagado de irregularidades, los lotes fueron adquiridos en un remate por un particular a un precio muy inferior al pagado originalmente por los residentes. Este nuevo propietario comenzó a exigir pagos adicionales e incluso inició acciones judiciales que derivaron en órdenes de desalojo contra las familias.
La frustración de los vecinos es palpable, considerando que llevan dos décadas pagando impuestos y construyendo una comunidad en el lugar. «Hace 20 años que pagamos los impuestos y que existe un barrio, pero dejaron que se vendiera como una finca», lamentaba una residente en declaraciones a Radio Dinamo.
