Luis Lucero se reunió con la Comisión de Minería de Diputados. Al ser consultado por el Régimen incluido en la Ley Bases, negó que nación interfiera en las “atribuciones impositivas provinciales”. La letra del proyecto dice lo contrario.
La Comisión presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP) se reunió hoy para recibir al titular del sector Luis Lucero. Éste explicó las proyecciones del sector para el 2024 y, al ser consultado por la el RIGI que se encuentra en el proyecto de ley Bases, afirmó que “la Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.
En su exposición, el titular de minería expresó: “Nuestra principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos y por sobre todo en aquellos donde, por geografía y por desarrollo económico y cultural no hay otras oportunidades”.
“Tenemos que destrabar algunas realidades que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Todos sabemos lo que pasa en el litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Es una enorme oportunidad de generar riqueza que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 2 a 4 años si hacemos las cosas bien. También hay una enorme oportunidad en el cobre en San Juan, Catamarca, Salta y hay mucha riqueza por destrabar. En eso queremos trabajar”, precisó.
A la hora de las preguntas, los representantes de las provincias mineras hicieron foco en los artículos 162 y 163 del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (de entre 200 y 1000 millones de dólares) que está incluido en el proyecto de ley Bases que para muchos directamente avasalla las autonomías locales y provinciales.
Lucero negó esa posibilidad y agrego que “las atribuciones impositivas entre Nación y provincia están establecidas en la Constitución, es una decisión nacional y provincial respetarla y aplicarla con prudencia. También me excede porque las provincias en nuestra Constitución tienen un margen para competir entre ellas por las inversiones o cooperar entre ellas para capturar inversiones. Presentar a inversores nacionales o extranjeros marcos jurídicos e impositivos distintos, puede o no contribuir a capturar inversiones. Cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución Nacional, nosotros seremos siempre respetuoso de eso”, resaltó.
“En cuanto a los proyectos, el inversor sabe que hoy Argentina y sus provincias están sin capacidad de financiar esos trabajos, por eso debemos proveer herramientas jurídicas para que pueda aportar el capital necesario de esa infraestructura con un esquema inteligente que quede en buen estado para la provincia y tener la garantía que el acceso y el uso de esa infraestructura va a ser la que necesita. Si no le damos esa garantía no lo va a invertir, el proyecto no se llevará adelante y vamos a perder mucho dinero en tasas, contribuciones y sueldos”, explayó.
