El titular del área había declarado que un tratamiento de diálisis cuesta 1.3 millones y que el sector público podrá garantizarlo a la mitad de ese valor. La reacción no se hizo esperar.
“No es cierto que el sector público pueda brindar un servicio de calidad en Diálisis a ese valor” comienza la solicitada rubricada por Walter Espeche, presidente de CEPRIDIASA. El texto fue publicado el domingo y allí la Asociación de Centros de Diálisis de Salta desmintió al ministro de Salud.
“El consumo mensual por sesión de Hemodiálisis tiene una complejidad que el ministro no conoce: desde insumos importados, que suman más de 12 ítems por paciente, una decena de especialistas desde el médico nefrólogo a enfermeros especializados en diálisis. A esto se suman materiales descartables, infraestructura, medicamentos y el transporte y refrigerio que se les da a los pacientes. Las cifras que da no tienen sustento”, sentenciaron.
Por otro lado, recordaron que la “inauguración de centros públicos de diálisis en Tartagal, Cafayate y Joaquín V. González continúa siendo una promesa, porque aún no prestan el servicio y entendemos que carecen de las condiciones mínimas para realizar la prestación de un tratamiento de diálisis eficiente y seguro. Por más loable que parezca la iniciativa entendemos que tiene que haber un pensamiento estratégico en la creación de prestaciones atendiendo a que la salud es siempre pública, sea de gestión privada o sea de gestión estatal”, destacaron para luego interpretar que las declaraciones del funcionario “son un deliberado ataque al sector privado”.
