Bajada: La nueva ordenanza establece multas de hasta 340 mil pesos por incumplimiento en la entrega de informes solicitados por concejales.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó una ordenanza que incrementa significativamente las sanciones a funcionarios municipales que no respondan a los pedidos de informes realizados por los concejales. La medida, que busca garantizar la transparencia y el flujo de información entre el poder ejecutivo y legislativo municipal, establece multas de hasta 340 mil pesos para los funcionarios que incumplan con esta obligación.
La nueva normativa modifica la ordenanza N° 10371, aumentando las penalidades por falta de respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información. Según lo aprobado, se aplicará una multa base de 1.000 Unidades Tributarias, equivalente actualmente a 340 mil pesos, a los funcionarios que no cumplan con los requerimientos. Además, se suma una penalidad adicional de 100 Unidades Tributarias por cada día de retraso en la entrega de la información solicitada.
En caso de que el Concejo Deliberante se vea obligado a reiterar el pedido de informes, la sanción se triplicará, lo que evidencia la firme intención de las autoridades locales de asegurar el cumplimiento de esta responsabilidad. Según explicitaron los autores del proyecto, esta medida surge como respuesta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del cuerpo legislativo sobre las actividades del Departamento Ejecutivo Municipal.
La iniciativa, propuesta por el concejal Pablo López y aprobada con modificaciones, forma parte de un conjunto de acciones destinadas a mejorar la gestión municipal. En paralelo, el Concejo también analizará próximamente cambios en las normativas de tránsito y procedimiento de faltas, con el objetivo de actualizar aspectos relacionados con el uso de la vía pública, la educación vial y las sanciones correspondientes, demostrando un enfoque integral en la modernización de la administración local.
