El Ministerio de Defensa derogó la resolución que creó el Equipo de Relevamiento y Análisis de archivos militares. Esta decisión despierta preocupación entre fiscales y defensores de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, ordenó poner fin al Equipo de Relevamiento y Análisis que durante 14 años se dedicó a escudriñar los archivos militares de la última dictadura argentina. La decisión, formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, marca un retroceso significativo en las políticas de derechos humanos del país.
El grupo, establecido en 2010 bajo la gestión de Nilda Garré, tenía la crucial tarea de examinar documentación de valor histórico y judicial custodiada por las Fuerzas Armadas. Su labor fue fundamental para aportar evidencia en los juicios por crímenes de lesa humanidad, superando la resistencia de ciertos sectores militares reacios a colaborar con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
La justificación oficial para esta medida se basa en argumentos legales y administrativos. Petri alega que el equipo gozaba de «atribuciones exorbitantes» al tener acceso irrestricto a ámbitos militares, lo que, según él, equivalía a un «constante allanamiento» sin el debido control constitucional. Además, critica la supuesta falta de estructura jerárquica y de procedimientos estandarizados en el funcionamiento del grupo.
Esta decisión ha generado alarma en la comunidad jurídica y de derechos humanos. En abril, 36 fiscales federales expresaron su preocupación por el desmantelamiento de esta área, subrayando su importancia en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado. La resolución estipula que la documentación previamente bajo custodia del equipo será transferida al Sistema de Archivo de la Defensa, mientras que los requerimientos judiciales serán gestionados por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares.
El nombramiento de Claudio Ernesto Pasqualini al frente de esta secretaría añade otra capa de controversia. Pasqualini, quien fuera jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, es conocido por utilizar términos como «guerra sucia» al referirse al período de la dictadura y por promover una visión de «memoria completa» sobre esos años. Su designación, junto con la eliminación del equipo de investigación, señala un cambio radical en el enfoque del gobierno actual hacia este capítulo oscuro de la historia argentina.
